Si un gobierno carece de medios para hacer cumplir las leyes que en su ejercicio gobernante decide, es que algo muy serio está pasando. Y está pasando en España donde cada cacique de su feudo decide qué leyes aplica o no, en función de si le son favorables a sus intereses de tribu, casta o partido.
Viene sucediendo desde hace tiempo; y no sólo con los acuerdos gubernamentales, sino en decisiones judiciales del Tribunal Supremo e incluso del Tribunal Constitucional, como sabemos, incluso con alharacas por los que debieran respetar y hacer respetar las leyes, con actitudes y muestras antidemocráticas contra decisiones que, mientras no sean modificadas, todos estamos obligados a cumplir, si no queremos que cualquiera se sienta legitimado a hacer lo mismo. Lo que demuestra el verdadero sentido de cómo entienden la democracia –del embudo– los que así actúan.
Ahora volvemos de nuevo a tener la misma historia. El gobierno ha decidido bajar el precio de los billetes de Cercanías en un 5% –así como otras medidas de reducción del consumo–de energía–, para potenciar el transporte público. Pues bien, tanto el cacique de la derecha de los recortes sociales a los ciudadanos de la taifa catalana, el Consiglieri Artur Mas, así como su homologa en ideología, dígase lo que se diga de cara a la galería, los intereses de clase coincidentes.
El gobierno ha de tener medios legales y coercitivos, y hacerlos cumplir sin dilación, para que todas la leyes se cumplan. Y si dichas leyes no gustan, hay que intentar cambiarlas. Pero de ninguna manera incumplirlas. Si se permite que tanto Artur Mas como Esperanza Aguirre, o cualquier otro que se crea con derecho de estar por encima de la ley, y con patente de corso, se la salten a la torera, el Estado pierde todo su sentido. Las taifas del campli qui pugui es una opción, pero ha de quedar claro que es ese el deseo de los que incumplen la ley. Mientras tanto, es nociva e inaceptable, y menos que la esgriman en nombre de la democracia.
U. Plaza
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