Imagínense ustedes que pertenecemos a una comunidad. Y que en la misma elegimos a unas personas–Administradores–para que dirijan y controlen aquellos asuntos de los que no podemos encargarnos directamente, como es organizar todo lo que nos afecta en la complicada vida moderna.
Y que para que todo funcione, cada uno de nosotros aporta una cantidad de sus recursos, que pone a la disposición de esos Administradores elegidos que, en teoría, es como si fuéramos nosotros mismos, porque los elegimos para que defiendan y organicen toda la vida social, difícil de cuidar cada uno de nosotros individualmente, como son colegios de nuestros hijos, los hospitales por si nos ponemos enfermos, arreglar las calles o construir carreteras, el servicio de transporte público, etc,.
Y, claro, la comunidad está compuesta por toda una serie de personas que se dedican a las más variadas tareas, en principio, todas necesarias, que aportan al la comunidad su esfuerzo y conocimientos.
Y como en toda comunidad compleja, la mayoría de sus componentes son gentes honestas que confía en que todos aquellos que la componen también son honestos como ellos. Aunque no se le escapa a nadie que los hay que incumplen el contrato de honestidad, que tácitamente se les supone. Y que harán lo que no deben lesionando en sus intereses a los ciudadanos que sí cumplen con su deber, que son la inmensa mayoría. Y que los correctores de tales actitudes deshonestas–los que hemos elegidos–actuarán para corregir los delitos cometidos. Esto es algo que todo ciudadano da por descontado.
Y resulta que algunos de esos ciudadanos, en sus malas prácticas cometen fraudes, y sus empresas se hunden, además de crear un inmenso problema, porque al ser esas empresas privadas, y del mundo financiero, se van hundiendo otras que nada tenían que ver con ellas, pero que les afecta la falta crédito que utilizaban hasta ese momento, de forma natural para su funcionamiento.
Lo que lleva a que al hundirse las mismas, los ciudadanos que trabajan en ellas se queden sin trabajo de la noche a la mañana. Como la inmensa mayoría de los ciudadanos han pedido un crédito para poder comprarse una vivienda, no pueden hacer frente a sus hipotecas. Y por lo tanto, entra en juego un inmenso fraude, tras el fraude principal de las especulaciones, que consiste en exigirles que paguen las hipotecas a ciudadanos, que primero fueron víctimas de las malas prácticas de los financieros–la Gran Estafa–, y después de los desahucios, provocados precisamente por ésta y sus ambiciones.
¿Y que hacen los Administradores a los que elegimos para que nos solucionaran los problemas? Se esperaría de ellos una contundente actuación, poniendo en marcha la actuación de la justicia para que tomara en sus manos el fraude encadenado de otros fraudes, y que pagaran sus delitos, ellos y todos los que han participado por acción u omisión en la estafa financiera, sean financieros o Administradores.
Pero, sorprendentemente, nuestros administradores, los que elegimos para que administraran nuestros recursos, sin contar con nosotros, echaron mano a todo nuestro dinero y se lo dieron a los estafadores, convirtiéndose los que creíamos nuestros representantes y custodios de nuestros recursos, en cómplices de los estafadores.
Dinero que lo habíamos pagado todos nosotros, como miembros de la Comunidad durante toda nuestra vida, para mantener los hospitales y las escuelas; para atender a nuestros ancianos, a todas las necesidades sociales de la Comunidad, fueran del tipo que fueran, como las obras públicas.
Al entregarles los Administradores nuestro dinero a los estafadores, era evidente que faltaría recursos para lo que estaba destinado. La caja común la vaciaron, para que la caja de los estafadores financieros siguiera llenándose con dinero nuestro; lo que quería decir que la estafa se proyectaba en el tiempo, empobreciéndonos a la mayoría para que los defraudadores se llenaran los bolsillos de forma escandalosa, sin que les preocupara lo más mínimo la miseria de la gente.
Los Administradores, una vez demostrado la inexistencia de la más mínima de ética, consideraron que la mejor forma de volver a llenar las arcas, para poder seguir aportándoles más dinero a los estafadores, era recortar derechos. Empezaron por desmantelar servios hospitalarios, y escuelas, despidiendo profesionales, y empeorando los servicios públicos, para privatizarlos, y así seguir haciendo negocios con la salud, así como dándoles dinero a la enseñanza privada, quitándosela a la pública, empeorando sus resultados, meta para que las escuelas privadas sacaran provecho e hicieran negocio.
Pero no se conformaron con eso; y los Administradores, ya descaradamente al servicio de los estafadores, decidieron bajar el sueldo a los trabajadores de la función pública, bajaron las prestaciones por desempleo, bajaron las pensiones, y elaboraron una Ley de relaciones Laborales esclavista, dando todos los derechos a los empresarios dejando a los trabajadores a niveles de hace un siglo, con sueldos de miseria, aboliendo de hecho las conquistas sociales que había costado tanta sangre lograrlas.
Sin duda, dentro incluso de la bárbara situación a la que nos había llevado los estafadores financieros y sus cómplices Administradores, podían haberlo paliado o suavizado el empobrecimiento, de alguna manera, haciéndoles pagar a las grandes fortunas, fruto de la explotación de la mayoría de los ciudadanos–tras toda gran fortuna hay un crimen por lo menos–, pero los Administradores volvieron a mostrar su miseria moral y prefirieron que la estafa, por enésima vez la pagáramos los ciudadanos, que éramos víctimas del fraude, subiendo los impuestos a los más débiles en las compras habituales.
Además, en un juego de bolillos del engaño, al más puro estilo trilero, se juntaron los dos mayores jefazos y cómplices de los estafadores, para dar un golpe letal a la Carta de Derechos y Deberes, liquidándola en la práctica, desnudándola, y que ya ni siquiera en teoría fuera punto de referencia de derechos. El contrato que el ciudadano tenía con la Administración, había sido liquidado unilateralmente por los Administradores, que ahora administraban nuestro dinero, pero en manos de los estafadores.
Y, como los ciudadanos no podían hacer frente a sus hipotecas por haber perdido el trabajo, los responsables de la Gran Estafa, ya envalentonados porque vieron que estafar a lo grande era un negocio redondo por tener a los Administradores a su servicio, empezaron a exigir a los ciudadanos que les pagaran las hipotecas, o de lo contrario sería echados a la calle, manteniendo la deuda escandalosa, y sin siquiera aceptar que la misma quedara saldada con la vivienda, lo que incluso ésto es una injusticia. Y sin que les importara que en una casa hubiera niños, ancianos o enfermos, eran puestos con la calle por los estafadores. Ellos, los causantes de la miseria de millones de ciudadanos, utilizaban la ley, que los Administradores habían hecho, para apropiarse de las viviendas de las familias, incluso para mantenerlas vacías, lo que demuestra hasta donde puede llegar la miseria moral de los estafadores y sus cómplices Administradores. Es decir, una gente que nos debe un montón de millones, en lugar de ser nosotros los que le exijamos que nos abone la deuda, son ellos, con el apoyo de sus servidores, los estafadores, los que nos exigen que les paguemos. El verdugo convertido en víctima.
Y, además, para hacer que la ley–su ley–, que no la justicia, se cumpliera, y para evitar que la solidaridad ciudadana impidiera la salvaje actuación de echar a la calle a ciudadanos indefensos, los Administradores enviaban a las fuerzas represivas, no como sería lógico, para reprimir y encarcelar a los culpables, sino para apoyar a éstos y expulsar de sus casas a sus víctimas.
Con lo cual, lo primero que los miembros de esta sociedad hemos de hacer, es cambiar el sistema que ha permitido que unos Administradores traicionen a sus representados y se alíen con los enemigos de la sociedad; elegir gente honrada, pero cambiando las reglas para que nadie pueda pasarse al enemigo, porque las mismas permitan remover de su puesto de inmediato a todo aquel que no cumpla su mandato, sea por malas prácticas, de corrupción, sea por incumplimiento de sus promesas electorales, una de las burlas más escandalosas de la vida pública.
Es evidente que el sistema que algunos creían democrático, se ha revelado un régimen inservible, antidemocrático para la mayoría, aunque muy rentable para estafadores y sus cómplices. Por lo tanto, un proceso para cambiar la Carta de Derechos y Deberes, es lo fundamental para recomponer la salud social. Y para que los Administradores no puedan impunemente enviar a sus fuerzas represivas contra los que lo pagan todo, los ciudadanos, para defender sus privilegios. Esto es lo más urgente.
U. Plaza
