Desde la antigua Grecia, la democracia ha tenido muchas formas, y adaptadas a cada tiempo. Y aunque tengamos la vista puesta en Atenas por su origen, todos sabemos que no se correspondía con la realidad, pues quedaban excluidos la inmensa mayoría de sus habitantes, y sólo una pequeña minoría disfrutaba de ella, e incluso ésta, estaba dominada por los notables, los Aristos, o clases privilegiadas. Pero lo tenemos presente porque fue el primer paso hacia su conquista, que como sabemos todavía sigue, sin que podamos decir que hayamos avanzado mucho, salvo el las formas.
Porque tampoco es que hayan cambiado tanto las cosas. Entonces una minoría proclamaba su democracia, la de los ciudadanos, sin engaños de ningún tipo, pues sólo eran considerados ellos, los notables, sujetos de tal derecho. Era la democracia de los notables y sin torcer el discurso consideraban normal que ni lo metecos (extrajeros) ni los esclavos pudieran participar: No eran ciudadanos.
Hoy es exactamente igual, aunque se haya cambiado un poco el decorado. Siguen siendo los notables los que tienen su democracia; no porque crean en ella, sino porque les es útil como el mejor instrumento que tienen para el engaño, para hacernos creer que la democracia alcanza a toda la sociedad por el hecho de que de tanto en tanto nos llamen para que sancionemos aquellas decisiones que ya han tomado ellos. Es una puesta en escena, un ritual para vestir al muñeco. Pero en la práctica tenemos las mismas posibilidades de modificar sus decisiones que las que tenían los antiguos esclavos y metecos griegos por la vía legal–con sus leyes–: ningunas.
Porque las castas secuestradoras del término democracia, con sus múltiples resorte de manipulación han aprendido a crear los mecanismos legales y hasta psicológicos, para que imposibiliten cualquier modificación de lo que en realidad no es más que una dictadura de unos cuantos. Los metecos y los esclavos griegos ya sabían que no eran ciudadanos y que estaban fuera y que lo que les quedaba, en última instancia, era la rebelión.
Pero en la actualidad, las castas poseedoras de las riquezas, han conseguido que hasta nos creamos que sí somos parte de la democracia a pesar de que salta a la vista que es pura mentira. La democracia, es una utopía que los ciudadanos deben ir, día a día, transformando en posible y hasta convertirla en algo que se acerque a la realidad. Pero para eso lo primero que debemos comprender es que con el capitalismo la democracia no es posible. Un oximorón más del sistema. El sistema actual en sí mismo es antidemocrático. Para lograr un mínimo de democracia, hay que cambiar el sistema para que las decisiones de unos pocos no sean la desgracia de la inmensa mayoría.
Para eliminar el inmenso poder de que se dotan los gobiernos para hacer y deshacer en nuestro nombre, sin el menor control democrático, es fundamental que vaya calando la idea en el debate democrático que se está produciendo en las asambleas ciudadanas. No es de recibo que a los políticos se les otorgue un cheque en blanco para que durante la legislatura puedan hacer lo que les venga en gana. Y además que queden impunes por sus acciones, siendo el erario público quien cargue con sus desafueros.
El control democrático debe estar en todas partes. Un político no ha de poder tomar decisiones que afecten a millones de ciudadanos, por el hecho de haber sido elegido para el cargo en unas elecciones, incluso aunque éstas fuera plenamente democráticas, lo que no es el caso de España, por múltiples factores de manipulación, recursos y de todo el sistema puesto a su servicio. Son cuestiones que aparecen como muy complejas porque en eso consiste la trampa, en que los vericuetos legales hagan imposible hasta el mero entendimiento su funcionamiento. Pero no es tan difícil entenderlo, si nos dotamos de leyes sencillas y de unos instrumentos judiciales democráticos, sin trampas de doble y o múltiple "interpretación".
En la actualidad, un gobierno puede hacer prácticamente lo que quiera, sin que podamos hacer nada efectivo, bajo el punto de vista legal, que lo impida de forma rápida. De hecho el sistema judicial, lento e ineficaz –o eficaz según se mire– está pensado precisamente para que sea así. Es kafkiano, pero les funciona el enredo y los arcanos que representan para la mayoría.
El gobierno se siente dotado de tanto poder que traspasa todos los límites razonables, incluso rompiendo sus propias normas, que desprecia si no les son útiles; o las esgrime si en un momento dado les favorecen. El Ejemplo más claro es la Constitución, incumplida y pisoteada constantemente por los poderes, en cuanto a derechos, y utilizada como arma arrojadiza cuando lo creen conveniente para la defensa de sus privilegios. Pueden decidir que la violencia la deciden ellos, o enajenar bienes colectivos con toda impunidad. Pueden ellos en contubernio de casta, decidir que la sanidad es muy cara, aunque seamos nosotros quienes la pagamos, y que es mejor quedarse con ella, para hacer negocio. Pueden decidir que un sistema educativo es caro, porque creen que si lo privatizan les puede aportar mayores beneficios. Eso suena hoy en Cataluña como un mazado asestado por la inmoralidad del gobierno de ultraderecha catalán. Y legalmente no podemos hacer nada. Sólo queda la desobediencia pacífica a decisiones injustas.
Hay que mentalizarse de que eso no puede, no debe ser así. De que los gobiernos están para gestionar los recursos, no para dilapidarlos como está sucediendo ahora. Y que el político tiene que responder de su gestión, y si lo ha hecho mal, responder penalmente –lo que requiere una justicia democrática– no sólo políticamente, lo que tampoco hacen por el endiosamiento que el sistema permite que tanto golfo pueda seguir sin que nadie le pida cuentas. Y es fundamental que no prescriban los delitos de expolio al patrimonio público. Esa es otra de las trampas.
Se dirá que cuando las cosas van mal, porque no hay recursos como dicen pasa ahora, los gobiernos han de tomar medidas drásticas. Y sin duda es cierto. Pero lo primero que hay que hacer es responsabilizar judicialmente a los responsables de la situación, y que respondan con su patrimonio por una mala gestión, interesada o no. Y después que haya mecanismos que permitan el estudio sobre en qué lugar hace falta apretarse el cinturón y meter la tijera y en cuáles no.
Los gobiernos gastan impunemente, sin control democrático –llamar control a lo de la llamada oposición, es ofensivo– dinero en partidas perfectamente prescindibles. Ya sea en boatos, televisiones para sus propagandas e idiotización ciudadana; gastos militares por sus compromisos con con el belicismo expoliador internacional, camuflado con misiones de paz; dinero a la Iglesia y a la monarquía... en fin todo un sinfín de gastos perfectamente prescindibles, sin olvidar sus regalías y prebendas. Todos ellos llevados a cabo por su cuenta..
Evidentemente que cuando un gobierno ha dilapidado los bienes públicos, una vez juzgados sus miembros por los tribunales democráticos, el problema sigue. Y hay que resolverlo. Pero no por la vía inmoral y delincuente como se ha hecho anteriormente y que nos ha llevado a la bancarrota, sino con la participación ciudadana, decidiendo en referéndum cuál o cuales bienes públicos pueden ser enajenados para poder salir del problema creado por unos malos gestores. No como ocurre ahora que, interesadamente, deciden aquello que más beneficio les reporta. Es incomprensible que un gobierno pueda enajenar, es decir desposeer, robar, un edificio público de cientos de años de existencia, sin que tomen parte en tal decisión sus dueños: los ciudadanos. Como es incompresible que se quede sin castigo que esos ciudadanos sean apaleados con chulería de un miembro de gobierno, sin que haya mecanismos inmediatos que, o lo impidan o lo castiguen,
La democracia es una utopía en un camino duro, pero cada vez menos utópico, si la ciudadanía toma conciencia de que es ella la que debe decidir y no los actuales Aristos de esta plutocracia cleptómana.
U. Plaza
