Pero quien no puede manifestar esas opiniones contra el Tribunal, sino limitarse a acatarla la sentencia, es quien tiene una responsabilidad de gobierno, como ha hecho el presidente y algunos de los muy relevantes miembros del gobierno y del PP, de forma artera para no perder apoyos entre las víctimas, utilizadas sin embargo contra otro gobierno cuando les ha convenido.
El presidente del gobierno debió mantener la cabeza fría y acatar las sentencias sin más comentarios. Todo ciudadano está en su derecho de estar de acuerdo con la sentencia o rechazarla: excepto el presidente, su gobierno o las personas con altas responsabilidades de Estado o de gobierno. Con su pronunciamiento rechazando por “injusto” el fallo del Tribunal Europeo, Mariano Rajoy ha demostrado –una vez más– que el cargo le viene grande, y no daría la talla ni para portero del Congreso, que seguro son más comedidos y capaces. Su mediocridad no le ha permitido separar sus opiniones personales de su responsabilidad. Y ha sido incapaz el presidente plasmado de imponer mesura, no a las víctimas, que repito tienen todo el derecho a expresarse como quieran, sino a los miembros de su partido, que se han desparramado insultando al Tribunal, olvidándose de que la doctrina Parot estaba sentenciada de antemano por la aberración jurídica retroactiva que representaba.
Es fácil comprender cómo se sienten las víctimas del terrorismo, ante el hecho de que los asesinos salgan de la cárcel. Porque es muy doloroso saber que te puedes encontrar con alguno de ellos en cualquier parte y recordarte permanentemente que tu hijo, tu marido, tus hermanos o tus amigos fueron asesinados por él. Nadie con un mínimo de conciencia dejaría de sentirse solidario con las víctimas.
Así que figúrense lo que deben sentir las víctimas de los cercas de 114.000 personas que todavía yacen en las cunetas, víctimas del terrorismo golpista, del terrorismo de Estado de una dictadura. Estas otras víctimas, numéricamente inmensamente mucho más grande.
Sin querer hacer comparaciones, porque los asesinados hay que reconocerlos uno a uno, es evidente la diferencia. Pero no sólo en eso. Sino que mientras las víctimas del terrorismo etarra contaron con el reconocimiento oficial, como era lógico, las víctimas de las cunetas estuvieron silenciadas por el terror franquista durante los cuarenta años de dictadura, y algunos más y olvidadas por los demócratas de nuevo cuño tras la llamada Transición. Sin reparar moralmente a los que hoy ya son sus nietos y hasta sus biznietos; sin que el Estado asuma la responsabilidad de resarcirlas y reconocer que fueron asesinadas por defender la legalidad democrática, asaltada por aquellos terroristas; a los que contrariamente a lo que cabría pensar, se les siguen homenajeando.
Ninguno de aquellos terroristas ha respondido ante la justicia, ni simbólicamente como reparación moral. Ni un solo día han pasado en a cárcel. Los etarras que asesinaron y causaron tanto dolor, muchos de ellos han pasado más de treinta años entre rejas. La diferencia en notoria. Y a muchos que condenamos la violencia y el terrorismo, nos gustaría que todos comprendieran un dolor y otro. Porque los asesinados deben ser todos iguales, así como sus familiares. Algunos llevan esperando más de 70 años la justicia que se les debe. A ellos y a todos los españoles de bien, sin lo cual nunca se podrá mirar al futuro con franqueza. Los muertos, los asesinados deben ser enterrados por sus herederos como merecen. Ninguno de los familiares pide venganza, sí reconocimiento para poder emprender el olvido que esta democracia les viene negando. Porque fueron asesinados por ser demócratas y aspirar a una vida mejor.
Ubaldo Plaza
