Desde 1981, la tasa de católicos ha caído 17 puntos, y ha crecido en 27 la de quienes no van nunca a la iglesia. (LA VANGUARDIA)
La rendición y sumisión del Estado al Vaticano cada día es más evidente y peligrosa para nuestra todavía tutelada democracia, dígase lo que se diga. Si esto lo hiciera la derecha política–que está encantada al ver la incapacidad y falta de decisión del gobierno socialista para ejercer su papel–, seguramente nos sentiriamos indignados; aquellas personas que queremos la separación real del la Iglesia y el Estado veríamos una actitud fuera de tiempo. Y hasta los socialistas, estando en la oposición, alzarían algún grito de descontento, marginal, todo hay que decirlo, para manifestar su oposición a que la Iglesia se entrometa constantemente en los asuntos civiles. Pero como quien está mandando en España son los llamados socialistas, y también en los ayuntamiento de Barcelona y el de Santiago de Compostela, ciudades que visitará el jefe de la iglesia, los socialistas se deshacen en pleitesías lacayunas hacia el jefe del Vaticano, de un Vaticano que las propias bases de cristianos cuestionan, por su boato insultante de reyes.
Sobre el viaje del jefe de la Iglesia, si todo el gasto lo pagara esa organización, nada habría que decir. Pero es que van a tener que estar montones de policías y toda la organización de Estado en las provincias que visitará, a su entera disposición, que será abonado con dinero público.
Y esas pleitesías de servidores, que creíamos del pasado lejanos, pero que tenemos en la memoria colectiva, y sobre todo de cuando esta misma Iglesia le rendía honores al dictador a pesar de sus muchos crímenes. Y el gobierno democrático, olvidando que España, al menos en el papel constitucional–tan papel mojado como en otras cuestiones–es un Estado aconfesional, que debiera ser laico, se pone a su entera disposición para nuestra vergüenza; sigue obedeciendo la senda marcada por la todopoderosa Iglesia, como lo ha venido haciendo durante siglos, razón del atraso secular de nuestro país. Ahora que parecía que levantábamos la cabeza sin arrodillarnos ante el báculo, seguimos igual, por tener unos gobernantes incapaces de hacer cumplir lo que ellos mismos plasmaron en la Constitución.
Porque no se trata de que la Iglesia y su jefe dejen de hacer lo que consideren, está es su derecho, siempre que no sobrepase la independencia del Estado, que debe situarse al margen de sus festejos, naturalmente cumpliendo con sus obligaciones tributarias, como cualquier otra.
Porque en España la Iglesia no es que hace lo que quiere, es que además le seguimos pagando para que lo siga haciéndolo con dineros públicos, de católicos y no católicos, de ateos y de cualquier otra creencia. Pero además se permite cuestionar aquellas leyes o decisiones del parlamento o de la sociedad civil si afecta a sus particulares puntos de vista retrógrados, como el derecho al aborto, los matrimonios homosexuales, el uso del condón y tantas otras cuentiones, montando protestas junto a la extrema derecha para que sean derogadas leyes hechas por el parlamento.
Y además de eso, los españoles les seguimos pagando para que mantengan una enseñanza sectaria en sus centros, cuando debiera ser el Estado quien ejerciera toda la enseñanza de los ciudadanos, alejada de supersticiones del pasado. Y si la Iglesia o cualquier otro ciudadano o Institución desea una enseñanza para un determinado sector, pueden hacerlo sin ningún problema, pero que sea financiado por aquellos que la quieran, sin que los ciudadanos tengan que pagar sus sueldos e instalaciones. Uno de los problemas que desde siempre tuvo la sociedad civil para desembarazarse de la tutela eclesiástica, fue el poder que ejercían a través del monopolio de la enseñanza. Por fortuna para la salud mental en la inmensa mayoría de países avanzados, eso se eliminó hace mucho tiempo. En España seguimos todavía, tras una dictadura feroz del franquismo, manteniendo esa lacra.
U. Plaza
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