LA IMPUTACIÓN DE LA BORBÓN Y EL AGOTADO RÉGIMEN: ¡CONSTITUYENTES!

   

Era un escándalo para el ciudadano, agobiado por la perdida de sus derechos por constantes hachazos a los servicios públicos y  a las libertades, que estuviera imputada hasta la mujer de exsocio del yerno del Borbón, y la hija de éste ni siquiera hubiera sido llamada a declarar. 

  El juez Castro ha debido tener que sortear mucho  obstáculos antes de dar este paso. Pero al final no ha tenido más remedio que tomar la ineludible decisión de imputar a Cristina de Borbón, como presunta colaboradora necesaria para los negocios de su marido.

  Al deterioro de la vida política, por culpa de los principales partidos políticos se suma uno más, tras el desprestigio de la monarquía en los últimos tiempos, ganado a pulso. El turnismo  canovista de los dos partidos que han sostenido a la monarquía, han sido incapaces de situar desde el parlamento las acciones del monarca y su familia. Lo que en una democracia es incomprensible. 

   Si hasta ahora la monarquía estaba blindada, y aparecía hasta  como una instiución modélica, era porque toda una legión de medios le hacían de escudo, y estaba vedada cualquier crítica que se le hiciera, y silenciada y ahogada por esos medios; además de la sumisión de los dos partidos, PP y PSOE,  que ha permitido que no sólo el monarca careciera de responsabilidad–también incomprensible en una democracia–en su acción, sino que se extendiera al resto de la casa real,  de facto, sin base jurídica. 

  La ciudadanía tiene una paciencia de la que los gobiernos han venido abusando hasta la saciedad sin la menor moralidad. El regreso hacia situaciones cada vez de más de dudosa democracia y de autoritarismo por parte del PP, hace que todas las instituciones estén en entredicho. El ataque a los derechos ciudadanos  de los más débiles, es paralelo a que los poderosos se burlen de todos, sin el menor disimulo enfangados en la corrupción.

  La chulería y desprecio a la opinión pública,  por parte del presidente del gobierno, que se oculta tras una pantalla de televisión  para no responder a las preguntas de los posibles periodistas que le sean incómodos, nos muestra el talante autoritario del mismo, a la vez que  utilizando la mayoría absoluta del parlamento para gobernar por decreto, despreciando en la práctica el sistema parlamentario. Todo abunda en un rápido deterioro  de las libertades y de la agudizada enfermedad de un sistema caduco, en franco retroceso a situaciones pasadas, como acaba de pedir el presidente de la Comunidad de Madrid de que "de alguna manera" se  establezca un control, es decir se restablezca la censura. Y a este régimen  aún le siguen llamando democracia cuando desde el gobiernos se criminaliza a las víctimas de los deshaucios. 

  Es evidente que los dos partidos del régimen no están en condiciones por falta de voluntad política, y sus muchos compromisos  con él, de subsanar la terrible enfermedad de corrupción que padece España, taifas y cacicatos incluidos. Y es así porque con todo lo obscuro de la situación, de sospechas y evidencias de muchas irregularidades, y la burla que representa que nadie tenga la grandeza moral de dimitir. Todo lo contrario: a cada nuevo escándalo que se destapa, todos a una se ponen a defender la inocencia del imputado, si es de su tribu, al tiempo que hablan de trasparencia, tomando al ciudadano por estúpido. Lo que hace que éste cada día vea que no hay solución con los actores actuales, sino que los vea como el problema.

  El régimen se ha agotado. Esto es algo que se proclama a derecha e izquierda. Pero los principales beneficiarios del mismo, se resisten a reconocerlo porque perderían sus privilegios. Sólo tratan de lavarle la cara con la intención de mantenerse. Lo que acaba siendo mucho peor. Y ha de ser el propio ciudadano que decida salir a la calle y exigir un Proceso Constituyente que nos conduca a un estado democrático, donde sea imposible por ley sin subterfugios, que la llegada de un grupo deteminado al gobierno, le permita dejarnos sin patrimonio público, principalmente la sanidad y la enseñanza, sin contar con los ciudadanos, como sucede ahora. Y sin que legalmente se pueda hacer nada, cuando eso debiera ser motivo de lesa humanidad en un Estado democrático. Ya que se privatizan los servivios públicos para hacer negocio con la salud ciudadana, sin que los responsable sean consucidos ante la justicia, como indicaría el sentido común. 

  En un Estado democrático, no cabría la menor discusión sobre la imputación de un familiar del jefe del Estado. Sería algo natural, y un signo de la salud democrática del mismo, en caso de algún presunto delito. En España, precisamente por el ocultismo y blindaje del que ha gozado la jefatura del Estado, y la falta de vigilancia del parlamento, ha permitido que las cosas se deterioraran, y constituya una rareza. 

  Habrá que ver el recorrido que tiene la imputación de Cristina Borbón. Pero no es muy buen síntoma que el fiscal–quien debiera haber sido el primero en pedir que declarara–, que se supone obedece órdenes del gobierno, haya recurrido el auto del juez Castro. Ni tampoco que la casa real se haya adherido al recurso del fiscal, rompiendo la primera manifestación de no hacer declaraciones sobre las decisiones judiciales. 

  Es necesario que ante el deterioro de la vida pública, aquellos que desde los partidos y desde la sociedad civil desean que se acabe este estado de cosas, tomen en sus manos la necesidad de abrir el camino que permita que los ciudadanos podamos decidir el tipo de Estado que deseamos, monarquía o República; ya que no pudimos hacerlos cuando se fraguó lo que pomposamente llamaron transición, pero que los verdaderos poderes quedaron, más que intactos, reforzados, como hemos visto a lo largo de tantos años.

U. Plaza