martes, 23 de julio de 2013

LAS ESTRUCTURAS DE DEFENSA DEL RÉGIMEN


Desde los primeros momentos del golpe de Estado franquista –por no remontarnos a su preparación–, los golpistas trataron de comprometer a mucha gente en acciones, que en una situación de normalidad sin la presión de los sediciosos jamás hubieran participado. La implicación alcanzó a actos menores y a los mayores y repudiables crímenes. Era la manera que los golpistas tenían de comprometer en actos criminales a mucha gente, y  de que los que participaran en semejantes complicidades con los que habían traicionado la legalidad, no tuvieran vuelta a tras. E hicieran todo lo posible porque sus fechorías quedaran saldadas con el triunfo del golpe fascista, como garantía de que jamás serían puestos ante los tribunales para responder de sus acciones. Es una táctica perversa, pero efectiva para los que dieron el paso de romper la legalidad democrática.

   Tras la victoria  franquista  se forjó una especie de connivencia, que algunos autores han llamado “franquismo sociológico”. El mismo se extendió al comportamiento de los defensores de la dictadura, con toda suerte de atropellos, que hacía que la impunidad de sus acciones estuviera garantizada, por el mero hecho de ser adicto al régimen  dictatorial. Y semejante actitud se extendería, no sólo a las acciones de tipo político, como era obvio, sino a todo acto delictivo.

   Si se era del régimen se tenía la absoluta seguridad de que no tendría que rendir cuentas de sus actos... salvo que lesionaran los intereses de otros franquistas más poderosos y mejor situados en el poder. Y esto iba desde el mero sereno o simple guardia municipal, policía o guardia civil, hasta un alto cargo de la administración franquista. Las Instituciones franquistas garantizaban en un acuerdo no escrito, la impunidad de los defensores de la dictadura. 

   “El franquismo sociológico” caló de tal manera en todo el cuerpo social, que sigue intacto: lo único que cambió al llegar lo que se llamó transición –aquella puesta en escena y lavado de cara a la dictadura para adaptarla a los tiempos, para que el verdadero poder siguiera en las mismas manos– fue su diversidad: la extensión a otros sectores que se convirtieron también en parte del nuevo régimen, recién lavado y peinado y alisadas sus arrugas, cicatrizadas las heridas provocadas; mas sin haberlas cauterizado. Por lo tanto seguirían pudriendo el cuerpo social muchos años después, con las  purulencias de toda la herencia del franquismo, que seguiría funcionando para la defensa del régimen. Que en cuanto a los poderes reales seguiría siendo el mismo, como muy bien se puede comprobar  por la impunidad de los poderosos, que son defendidos a capa y espada de cualquier contingencia, por los medios que sean. Los mecanismos puestos por la dictadura para defender a los que sostienen el régimen, siguen intactos. 

   El régimen, tras la llamada transición, sabía que ya no sería monolítico y que habrían nuevos actores en la escena. Que fueron incorporados también como “régimen”, por contradictorio que pudiera parecer a primera vista. Se había abierto el abanico a otros personajes, ahora necesarios para el sostenimiento del régimen, aparentemente distinto. A actores de pensamiento variado, pensamiento político, en sentido superficial, pero con idénticos intereses. 
  
   La diversidad y extensión de la impunidad, ahora era necesario que alcanzara a muchos otros personajes. Los mismos que si bien en los primertos momentos pudieron considerar, de cara a la galería, negativo el estado de impunidad, en seguida se darían cuenta de las ventajas que les reportaba, que hicieran lo que hicieran, no pasara nada. De que los instrumentos de protención del régimen franquistas seguían protegiendo a los actores nuevos, al nuevo régimen, que seguiría defendiendo los mismos intereses, nombre a nombre, casta a casta, familia a familia, de siempre.
  
   De otra manera no es posible entender que los continuos casos de corrupción a lo lago de los años, vayan quedando impunes en la práctica. Y todo parezca que sea propio del rutinario paisaje con el que se convive sin el mayor problema moral. Los actores de semejantes “irregularidades” están tan seguros "de que no les pasará nada", que han perdido todo respeto al ciudadano, y a sí mismos. Entre otras cosa porque éste mismo ciudadano, educado en el franquismo primero, y en el individualismo interesado de la casta política mayoritaria, de los dos principales partidos del régimen, da por hecho de que todo lo que va saliendo, imputaciones incluidas, es un paripé, que al final, aunque sean condenados, quedará en nada. Que tras la “condena de telediario” del que se quejan sus cómplices o allegados, con indisimulado enfado chulesco de dolidos intocables, salen de la cárcel, si es que llegan a entrar, tras escasos días de encierro, y todo queda ad calendas grecas. O se alarga tanto el proceso que toda ejemplaridad queda inservible. ¿Alguien se acuerda del Caso Pretoria? 

  “El franquismo sociológico” es el que permite a Rajoy hoy, como ayer a González, a Pujol o a Artur Mas,–o a Jaume Matas como acabamos de ver–, y a tantos que por estar en escalones más bajos no son tan notorios,  que todo cuanto pasa a su alrededor les resbale. Se aferran, como en la dictadura, a su estructura de poder para no asumir sus responsabilidades políticas.  Y continúan en el cargo como si nada, hasta que lo tribunales decidan, cuando llegue. Que, como sabemos, se puede eternizar por la complejidad de los casos, los trucos de recursos leguleyos, que saben les favorece, sin olvidar la falta de medios de los juzgados. 
  No sería así si los inculpados esperaran la resolución de sus casos en  la cárcel. Y, sobre todo, si sus bienes quedaran bloqueados por la justicia, a la espera de que, una vez resuelto todo, si son declarados culpables, respondan  con sus patrimonios al daño hecho a la sociedad. Pero nada de eso sucede. Y saben que en el peor de los casos saldrán al cabo de poco tiempo con una fabulosa fortuna. Y podrán convertirse en asesores de cualquier gran empresa, que quizá no sea ajena a los motivos de su procesamiento. ¿Les suena lo de asesores?

   En una sociedad sana eso sería imposible. Un responsable político es responsable políticamente de lo que él hace y de lo que hacen sus subordinados. Sea por haberlos elegidos mal, haberse equivocado, o haber sido traicionado en su confianza por ellos; sea por haber tolerado ciertos comportamientos, o no haber vigilado sus movimientos. 

  Con todo el desastre de corrupción que llevamos, ininterrumpidamente, heredado por la dictadura –que en sí misma una dictadura es la mayor corrupción posible por el mero hecho de serlo– lo patológico es que no estén cumpliendo condena decenas de respondables políticos, empresarios corruptores necesarios para que la corrupción se mantenga, por el sistemas heredero del franquismo sociológico, que sigue defendiendo a los que sostiene el régimen, lo mismo hoy que antaño. Y semejante conformidad y convencimiento ha alcanzado al cuerpo social, que sabe que “los grandes nunca pagan sus delitos”. Y que cuando acaban condenados porque  los procedimientos no han podido ser trucados, en última instancia aparece la mano ya defintiva del poder político, para exonerarlos de cumplir la pena impuesta por los tribunales. 
   Mientras el franquismo sociológico no sea depurado definitivamente, acabadas sus complicidades corporativas de políticos, más connivencias con el verdadero poder, la banca, no podrá decirse que en España hay un verdadero Estado de Derecho, eficaz. A pesar de que haya un número determinado de jueces que se empeñen en hacer justicia, pese a todos los obstáculos que puedan encontrar; además de la frustración que pueda conllevar comprobar que su trabajo, a veces titánico, queda en nada. Sólo sera teoría. El ciudadano no percibe, la ejemplaridad de la justicia en los  delincuentes de cuello blanco del régimen. Todo lo contrario. Y cae en la trampa de la corrupción de los grandes, y, como se decían antaño cuando alguien era cogido en una pequeña estafa, respondía a modo de disculpa: “más roban ellos”. Con esa frase quedaba todo claro y justificado.

   Se hace referecia muchas veces al tan recurrente “con IVA o sin IVA”, del que dicen somos los españoles proclives al pequeño fraude. Pero eso no tendría lugar si los que de verdad deben dar ejemplo lo dieran. Y en caso contrario fueran castigados de forma ejemplar. Con ejemplos de cultura democrática, honesta de la administración, todo ciudadano condenaría una acción reprobable de sus convecinos; sería consciente de que lo estafado lo ha sido a todos. Hoy eso es imposible cuando ve el río de dinero que vuela hacia los poderosos desvergonzados, al tiempo que al más débil lo expolian de mil maneras, sin que a los responsables políticos de los gobiernos se les alteren los pelos de las cejas, mintiendo con el mayor descaro, tratando a los ciudadanos como menores de edad, dispuestos a tragar las mentiras que les digan en todo momento y en todo tiempo. La impunidad de la que se consideran disfrutan, les impide un mínimo de rubor.

   Mientras el franquismo sociológico y las estructuras de defensa de los notables del régimen no sea eliminadas de raíz, seguiremos con procesos interminables. Y los políticos apalancados en sus cargos sin la menor ética, negando con el mayor descaro la evidencia, dispuestos a resitir, como hace hoy el presidente del gobierno y su partido, a los que importan más sus cargos y el poder, que el daño que están haciendo. Y con la tomadura de pelo de decir que no dimiten “por responsabilidad”. 

Ubaldo Plaza