La ultraderecha catalana, con CiU a la cabeza, pero no sólo ella, también los compañeros de viaje, así mismos llamados esquerra y hasta socialistas; o los que son su eco, le han ayudado; constantemente ha estado exigiendo que el servicio de Cercanías de RENFE, Rodalies, pasara a sus manos; que fuera de sus competencia, "para que mejorara el servicio", decían. Todos hemos podido ver que mejoras, lo que se dice mejoras en el servicio, que favorezcan a los ciudadanos, nada de nada. En realidad lo que los mercaderes de la política catalana deseaban con el traspaso de las competencias era poder tener en sus manos mayor posibilidad de negocio. Todo patriotismo de la derecha es, como sabemos, directamente proporcional a sus cuentas corrientes, patriotismo cambiante si cambiante en la perspectiva del negocio, objetivo fundamental de sus acciones.
Y ahora, a parte del saqueo sanitario y la enseñanza para su privatización, con lo que el negocio se le presenta boyante a CiU y sus amigos, a costa de la salud ciudadana, y el futuro cultural de los catalanes, tienen un sabroso bocado a su alcance–otorgado por un gobierno como el de Zapatero, absolutamente desnortado en cuanto a los intereses de todos los ciudadanos que decía defender– que no dudan morderlo. Ahora la nueva meta es la privatización de Rodalies. Para eso tenían tanto empeño en reclamar las competencias en RENFE; en eso se resumen todas las reivindicaciones patrioteras de CiU y todos los ultras de la derecha: para hacer negocios. Todo se traduce en mercancía rentable para unos pocos, sean los servicios públicos mencionados, sean el patrimonio que ya planean privatizar; patrimonio que puede haber costado a los ciudadanos un esfuerzo cientos de años acumularlos, sobre todo edificios.
La democracia española es así de injusta por, entre otras muchas cosas, una ley electoral antidemocrática con la que discrimina a los ciudadanos: con un porcentaje mínimo de apoyos electorales, que no llega ni al la cuarta parte logrado por CiU, se puede privatizar todo el patrimonio público si los gobernantes insaciables así lo deciden. Lo lógico sería–en una situación democrática que fuera más allá del mero ritual de votar cada cuatro años, que ante semejante decisión se pidiera opinión a los ciudadanos en referéndum sobre lo que es suyo y pretenden vender.
En nuestro país los ciudadanos carecemos de opinión. Todo se puede hacer si el negocio y la ambición así lo aconseja. Se privatizan las empresas boyantes o con posibilidad de negocio, a la par que se nacionalizan las pérdidas–generalmente de forma temporal hasta que se han saneado con dinero público–para volverlas a privatizar una vez saneadas. Todos tenemos en mente muchas de esas empresas, que eran lo mejor de nuestro patrimonio, que ahora están en manos privadas. Pero no pasa nada. En legal, claro, las leyes las han hecho los mismos que disfrutan de ellas. Otra cosa es que sea justo y democrático, que eso es harina de otro costal. Un paso para normalizar y democratizar la vida pública, sin duda pasa porque se recupere ese patrimonio, esas empresas que eran de todos, para tener un tejido industrial que nos permita situarnos al mismo nivel que los países de Europa, que nos impusieron su desmantelamiento, para vergüenza de la casta política que se hizo posible. Y siguen en ello. Lo de CiU sobre Cercanías es una pequeña muestra más de que caminamos en sentido contrario de los intereses ciudadanos. En lo que sin duda abundará con creces el PP.
U. Plaza
