Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, pide la moderación del gasto público, también en las administraciones locales, pero sobre todo en la taifas donde, como es sabido, cada cacique tira para él y su nada solidarios intereses.
Es de tener en cuenta semejante recomendación; pero sería también muy interesante, que de entrada se exigiera que tanto en las taifas como en todos los estamentos políticos, se moderara el derroche de nuestro dinero que con tanta alegría como desvergüenza gastan, a veces para satisface el ego y los delirios de algún político, por ejemplo, con embajaditas inútiles pero muy caras, como hace el aragonés converso al independentismo de Cataluña, el hasta ahora también innecesaria vecepresidencia de Cataluña, que por repartos políticos de tribu le adjudicaron.
También, por ejemplo, los sueldos escandalosos de los políticos. Éstos, al igual que el resto de los ciudadanos debieran tener que cotizar los cuarenta o más años que les exigen a todos los ciudadanos, para jubilarse, y a los que quieren que coticen hasta los 67 años, mientras ellos con que estén menos de dos legislaturas–unos 7 años–, en el mejor de los casos calentando los escaños dormitando, cuando se dignan a asistir a los plenos, que vemos vacíos la mayor parte del tiempo, con un absoluto falto de respeto hacia los ciudadanos, que si se comportaran como ellos en sus trabajos, serían de inmediato despedidos; eso sin contar la cantidad de privilegios que disfrutan. Es sabido que sus rascaduras de cataplines nos salen carísimos.
Tampoco es posible, como sucede ahora, que cualquier ayuntamiento o gobierno de las autonomías tengan potestad para decidir sus propios sueldos, lo que nos lleva a que, por ejemplo, un alcalde o un presidente regional, pueda tener un sueldo superior al del presidente del gobierno de España, como sucede con Montilla ahora, y antes con Pujol, y seguramente pasa con la mayoría de los parlamentitos en cada uno de los feudos. En necesario que estamentos superiores establezcan los sueldos de los cargos públicos, en función de la importancia de los mismos y la dedicación.
Así mismo debiera legislarse para que todo cargo político, y por ende que vive del dinero de todos, utilice "lo público", tanto de sanidad como de la enseñanza, y no que ellos como tienen el privilegio de disponer del dinero que le pagamos, pero que se lo adjudican ellos, lleven a sus hijos a la escuela o la sanidad privada, soslayando así, si es el caso, la desastrosa enseñanza y el estado de la sanidad pública, responsabilidad de ellos, pero que los ciudadanos hemos de soportar, pero ellos no.
También sería saludable que al tiempo que el señor Fernández Ordóñez sugiere que se controle–es decir que, se reduzca el gasto, dejémonos de eufemismos– él diera ejemplo y que su sueldo de 90.000 euros oficiales, lo rebaje a la mitad. No creo que necesite tanto para vivir, sobretodo si tenemos en cuenta que es un abanderado de que se rebajen las pensiones, precisamente cebándose con los más débiles. Porque todos, políticos y altos cargos, que con tanta ligereza se afanan en arruinar a los que ya lo pasan mal, sean los primeros en dar ejemplo. Con la mitad de los sueldos que tantos miles de ellos derrochan, se podrían pagar muchas pensiones y prestaciones para los que no encuentran trabajo, sobre todo si tenemos en cuenta al nivel que proponen dejarlas, aunque es de suponer que se las quieren rebajar, como siempre, a los más pobres, para así ellos poder seguir disfrutando de sus privilegios.
Y para acabar, teniendo en cuenta que el desastre económico por el que atravesamos es de exclusiva responsabilidad de los banqueros, y algo de sus empleados, los políticos y otros especuladores, que no empresarios, sean ellos los que asuman las responsabilidades, y que el Estado cree una banca pública que diera créditos a las empresas y particulares honestos, en lugar de dárselo a la camada de buitres que nos han llevado hasta aquí.
U.Plaza
